Quería hacer un artículo sobre este hombre, pero ha desarrollado tan buenos y variados trabajos que lo más resumido que me ha salido ha sido esta serie de 5 post:
Domingo Jiménez Beltrán ha escrito sobre muchísimos más temas, como son química, vertidos, reciclaje, aunque estos son más técnicos. En el quinto post sobre este autor os los enlazaré, para el que quiera ampliar información.
Explica que no hay que confundir el valor de un bosque con su precio, pero como estamos en una economía de mercado, se ha calculado que el costo por los servicios que deja de prestar un monte que se quema es de unos 2.200 euros por hectárea y año, un monte que trabaja sin sueldo para nosotros, y propone una aportación de entre 60-80 euros anuales por hectárea para ayudar a su mantenimiento. Estas son las cifras, pero en sus palabras veréis el cariño con el que habla de estos pulmones verdes.
¿CUÁNTO VALE UN BOSQUE QUE SE QUEMA?
Cuando el bosque se quema, se quema algo más que la madera, los árboles, el matorral, la cubierta vegetal… Se queman las funciones y servicios que el bosque prestaba, aparte de los directamente económicos (madera, leña, etc.) como regulador del ciclo hidrológico y verdadero embalse, sumidero de gases de efecto invernadero, soporte de la biodiversidad, fauna, flora silvestre y activos genéticos, suministrador de servicios de esparcimiento, ocio, paisaje y muchos más que, al no estar retribuidos en la economía de mercado, sólo se valoran cuando se pierden, cuando el bosque, la cubierta vegetal, los espacios naturales, las infraestructuras naturales —porque eso es lo que son: verdaderas infraestructuras—, se destruyen, se queman.
Es curioso que invirtamos cantidades ingentes de recursos en la construcción de nuevas infraestructuras del transporte, de generación y distribución de energía eléctrica, de abastecimiento y saneamiento, de viviendas… y que seamos incapaces de aportar un mínimo, no ya a la realización de infraestructuras naturales sino al simple mantenimiento de su existencia y funcionalidad. Y aun más, invertimos en su destrucción, ya que gran parte de las infraestructuras mencionadas se hacen en muchos casos en base a la destrucción de las infraestructuras naturales.
¿Y qué podemos hacer para construir sin destruir o destruyendo menos? ¿Qué podemos hacer para que nuestros bosques se quemen menos y, en general, para conservar e incluso potenciar nuestras infraestructuras naturales y los servicios tan valiosos, aunque por ahora sin precio, que prestan? Está claro que es de necios confundir valor con precio, aunque también está claro que a través de la primacía de la economía de mercado se ha impuesto el precio o los retornos económicos como medida del valor de nuestros activos naturales, de nuestras infraestructuras no construidas.
Una de las conclusiones extraídas de unas jornadas sobre prevención de incendios, es que los fuegos forestales son en gran parte el resultado de una desafectación —falta de afecto, (¡un desamor!)— del hombre con respecto al monte y áreas forestadas. En general, respecto a áreas con vocación conservacionista. Este afecto, además, se puede graduar en términos de retornos socioeconómicos. Como ejemplo, en las zonas donde el bosque o las áreas protegidas significan un valor socioeconómico para los asentamientos humanos cercanos hay muchos menos incendios (pinares comunales de Soria y Burgos, entorno del Parque Nacional de Doñana…).
¿Y en cuánto se evalúan los servicios que prestan estas infraestructuras naturales y en particular las áreas forestadas o protegidas, o, dicho de otra forma, los retornos mínimos a asegurar para mantenerlas y de donde podrían venir en un sistema más justo de pago por servicios? Las cifras que se manejaron en las jornadas son elocuentes y suficientemente indicativas para obligarnos a hacer algo al respecto.
En el Ministerio de Medio Ambiente se estima que la pérdida en activos por cesación, cuando se queman, de los servicios que las áreas forestadas prestan es de unos 2.200 euros por cada hectárea. Los costes de reforestación —reposición en general— cuando es viable son mucho mayores y pueden requerir, sin que ésta sea total, hasta un siglo.
¿No se podían retribuir estos activos por los servicios prestados, ponerlos en valor antes de perderlos y evitar en muchos casos esas pérdidas brutales que sólo se manifiestan cuando se pierden? ¿No es antieconómico, e incluso esperpéntico, que tengamos que disponer de unos recursos públicos significativos para restaurar estas funcionalidades cuando se han perdido y, sin embargo, no estemos dispuestos a retribuirlas antes de que se pierdan y para no perderlas?
Según las asociaciones de propietarios y gestores de montes, el coste mínimo para el mantenimiento de un área forestada se estima en 60-80 euros por año y hectárea, mientras que los costes anuales que se consideran para mantener y gestionar las áreas protegidas (estimaciones realizadas para calcular el coste de gestionar la Red Natura 2000 a nivel comunitario y de cuya superficie España significa más del 20%) se estima en unos 120-150 euros por hectárea y año.
Parece lógico que un activo que es, como mínimo, de 2.200 euros por hectárea en cuanto a los servicios no retribuidos que presta —sin tener en cuenta el coste de reposición— se retribuya al menos en lo que cuesta para mantenerlo, es decir, al menos en 60 euros por hectárea y año.
Porque de otra forma, ¿quién lo mantendrá? O incluso, ¿a quién se puede obligar a mantenerlo?, a través de una declaración de espacio protegido que, como muchos indican, significa amplia generación de plusvalías para los no protegidos (que según muchas leyes del suelo de las comunidades autónomas y planes generales municipales, son, en general, urbanizables) que curiosamente se acaban beneficiando de estar al lado de los protegidos.
Es curioso: se premia con edificabilidad a los terrenos más degradados, muchas veces por la desidia, incluso intencionada, de los propietarios (de aquí la disposición de no permitir la urbanización de los suelos incendiados) y no se retribuyen los mejores territorios, los que deben mantenerse para beneficio de toda la sociedad y que muchas veces se han mantenido por el cuidado, formas de explotación, etcétera de sus propietarios, que, por cierto, no pueden ni recurrir en general a un seguro contra incendios de sus áreas forestadas que pretenden conservar.
Hay muchos propietarios, dentro del proceso de expansión y especulación inmobiliaria, que aspiran a serlo de suelos que «sólo sirvan para construir», y si no es el caso, están dispuestos a hacer lo necesario para que así sea, como muestra no ya sólo el recurso en el pasado al incendio, sino los intentos que vemos cada vez más de proponer el descalificar zonas incluidas en Natura 2000 alegando que están degradadas. A este proceso hay que hacer frente con toda la fuerza de la Ley y reforzar las normas como la Ley del Suelo.
Al mismo tiempo habría que actuar a favor de las propiedades y propietarios conservacionistas. Ese mínimo de justicia, de unos 60 euros por hectárea y año, supondría en España, para el total de las áreas forestadas o asimilables (unos 25 millones de hectáreas), ampliado con las áreas protegidas (hasta un total de 30 millones de hectáreas), unos pagos por servicios de unos 1.800 millones de euros al año, que es una cantidad mínima de los flujos económicos generados por los servicios que indirectamente mantiene que implican unos activos del orden de 66.000 millones de euros y muy superiores en forma de costes de reposición. ¿Y cómo se podrían recaudar estos recursos?
El Fondo para el Patrimonio Natural previsto en la nueva Ley de Montes sería el instrumento adecuado para retribuir los servicios prestados por las áreas forestadas y protegidas que además debería asegurar la posibilidad de que dichas áreas suscriban seguros contra incendios. Y el Fondo podía nutrirse anualmente de tasas o impuestos procedentes de los beneficiarios de los servicios, y aplicarse a los carburantes como pago por ser un sumidero de sus emisiones (3 céntimos de euro por litro, menos de un 3% de incremento, generarían 1.200 millones de euros al año); a las aguas de abastecimiento a poblaciones e industrias cuya calidad aseguran (un incremento de sólo 4 céntimos de euro por metro cúbico, menos del 3% de media de incremento, generaría 160 millones de euros cada año); a la electricidad (sólo 0,4 céntimos de euro de incremento por kWh generaría 936 millones de euros al año).
Además, podrían tener un impacto muy positivo teniendo en cuenta la generación de empleos (al menos 60.000 sólo para actividades de vigilancia y mantenimiento permanente, o uno por cada 500 hectáreas) y su contribución decisiva al Desarrollo Rural.
Esto sin entrar en algo evidente, y es que parte de las plusvalías que genera el desarrollo inmobiliario deberían revertir a este fondo sin que por ello se justificase su abuso actual. Sabemos los servicios, incluso en términos económicos, que prestan las áreas forestadas y naturales y sabemos que el pago por dichos servicios no sólo es justo dentro de una economía de mercado sino necesario si queremos de verdad contribuir a su mantenimiento mediante su puesta en valor, con lo que conseguiremos contribuir decisivamente, junto con las medidas de concienciación, normativas y por qué no punitivas, a atajar su destrucción también por el fuego.
¿Estamos dispuestos a hacerlo?
Una de las cosas que mas admiro de otras democracias europeas, es la pluralidad y la democracia interna en los partidos políticos. En la izquierda o en la derecha, los partidos políticos se conforman internamente en corrientes de opinión, donde las distintas tendencias debaten de ideología. Sí, de ideas, de programas. La UMP de Sarkozy o el Partido Socialista francés, no serían lo mismo sin la pluralidad interna y la facilidad para el debate ¿no sería mas razonable que en España el PP permitiera el debate interno organizado, entre sus corrientes democristianas, liberales, socialdemócratas, conservadoras… en lugar de las peleas de reinos de taifas? ¿y que en el PSOE existieran otras corrientes organizadas (que no familias, eso es otra cosa que nada tiene que ver con la ideas sino con el reparto momentáneo de poder) además de Izquierda Socialista? ¿es sano que en la política española los congresos se decidan a la búlgara? ¿es real que nadie discrepe, matice y que la gente decida libremente entre varias opciones? Creo que no.
La lucha del laicismo ha dado un paso más en la esfera judicial. El 
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