La Junta de Andalucía y cuarenta entidades financieras han firmado un protocolo de colaboración para la realización de inversiones financiadas en colaboración público-privada.
Esta fórmula se destinará a afrontar proyectos prioritarios, como edificios administrativos y judiciales, transportes, infraestructuras medioambientales o residencias de mayores y de personas con dispacidad
La titular de Economía y Hacienda ha considerado que es importante "comprobar que las entidades sean conscientes de la importancia del papel que desempeñan en el sistema financiero y que hayan manifestado su voluntad de apoyo a la estrategia de inversión de la Junta de Andalucía mediante fórmulas de colaboración público-privada".
El protocolo firmado sienta las bases para facilitar la consecución de los compromisos inversores por la participación de todos los responsables financieros en el estudio, desarrollo y financiación de cada uno de los proyectos. La Junta de Andalucía se compromete a dar a conocer la programación de sus inversiones y los detalles de los proyectos, mientras que las entidades financieras aportarán, por su parte, sus conocimientos de mercado en el diseño de estrategias de financiación y recursos a estas iniciativas.
El acuerdo tiene efectos desde el día 16 de noviembre y en él se recoge que las entidades financieras proporcionarán al Gobierno andaluz los datos relevantes sobre la situación y evolución de los mercados financieros con relación a los proyectos y establecerán el diseño de las condiciones económicas de los mismos.
La aportación de la información por parte de la Junta se efectuará bien de forma directa o bien por medio de alguno de sus entes instrumentales, así como se constituirá una comisión de Representantes Junta de Andalucía-entidades financieras.
Inversiones prioritarias
Las inversiones que integran las líneas prioritarias de actuación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de colaboración público-privada, se centrarán, principalmente, en edificios administrativos, infraestructuras en materia de carreteras, puertos y ferrocarriles, nuevas sedes judiciales, infraestructuras para el saneamiento y depuración de aguas residuales, residencias de personas mayores y de personas con dispacidad.
En este sentido, la consejera de Obras Públicas y Transportes, Rosa Aguilar, ha detallado los proyectos en los que se recurrirá a esta iniciativa y ha indicado que, en el apartado de edificios administrativos, se incluye la Ciudad de la Justicia de Córdoba (presupuestada en 82,5 millones), otro edificio administrativo en el barrio de Los Bermejales, en Sevilla, y otro en Córdoba (la Torre de Poniente).
En materia de dependencia se ejecutarán dos residencias de mayores en la provincias de Granada y Almería bajo la modalidad concesional a la empresa por un período de explotación de 40 años. El área de carreteras contempla 2.890 millones para construir las autovías recogidas en la planificación de la Junta bajo la modalidad de peaje a la sombra (lo paga la administración y no el ciudadano).
Rosa Aguilar ha resaltado también que en puertos se llevará a cabo la ejecución de 2.500 atraques en colaboración público-privada en régimen de explotación durante 30 años y se estima una inversión total de 348 millones. Los ferrocarriles (con una inversión de unos 1.000 millones), las áreas logísticas del transportes (con 254 millones) y el medio ambiente (construcción de 300 depuradoras con una inversión de casi 1.500 millones) son otros ejes en los que se contará con el apoyo del sector privado para ejecutar las inversiones.
La ejecución de las inversiones objeto del protocolo firmado se realizará entre los años 2010 y 2020 y ascenderán, en base a las estimaciones actuales, a un montante global de 6.260 millones de euros para todo el período, con un plazo de vigencia de la mayor parte de los contratos y actuaciones de colaboración que oscilará entre 10 y 40 años.
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