Gracias a la reforma de Aznar de la Ley Hipotecaria La Iglesia infla su patrimonio inscribiendo inmuebles a su nombre

¿Por qué pese a la palpable disminución de fieles y el descenso de las donaciones que esto conlleva, las arcas y el patrimonio de la Iglesia católica de nuestro país no parecen verse afectados? La culpa la tiene, en buena medida, la reforma que hizo el Ejecutivo de José María Aznar en 1998 de la Ley Hipotecaria, que permite a la Conferencia Episcopal registrar a su nombre inmuebles como templos, cementerios o casas sacerdotales que, hasta ahora, carecían de títulos de propiedad. Un libro recientemente publicado cifra en más de mil los inmuebles que han pasado a ser propiedad de la Iglesia española por este método sólo en Navarra. Los autores reclaman ahora que el Estado haga público a cuánto ascienden estas inmatriculaciones en todo el país.

En 1946 se aprobó la llamada Ley Hipotecaria, en cuyo artículo 206 se da vía libre al Estado, a las Administraciones Públicas y a la Iglesia católica para inmatricular a su nombre cualquier bien inmueble que “carezca de título escrito de dominio”. Esto significa que un edificio que no tenga títulos o escrituras, puede ser inscrito como bien perteneciente al Estado o a la Iglesia, según quien lo solicite. Esta norma dio pie a que, desde los años 50, la Conferencia Episcopal se hiciera con numerosos terrenos e inmuebles por esta vía.

Aznar cambió la ley
Pero las inmatriculaciones aumentaron a favor del clero de manera especial a partir de 1998. Y es que, hasta esa fecha, este procedimiento no podía aplicarse a los templos. El Gobierno de José María Aznar se encargó de abrir la puerta a que la jerarquía eclesial pudiera registrar a su nombre numerosas parroquias, ermitas e incluso cementerios o casas parroquiales que, hasta ese momento, no tenían una titularidad reconocida, si bien siempre habían sido sustentadas por los ayuntamientos o por los ciudadanos y feligreses.

Inmatriculaciones polémicas
Así, parroquias como la de San Bartolomé de Xàbia (Alicante), que fue fortificada por el pueblo en el siglo XIV y que desde entonces ha sido cuidada y mantenida por los vecinos de la localidad, ha pasado a manos de la Iglesia por este procedimiento, provocando la indignación vecinal. Otro caso similar: el local que el municipio navarro de Azcona, de sólo unos 80 habitantes, utiliza desde hace años como consultorio médico ha sido ahora reclamado por la Iglesia, que lo inscribió a su nombre en los años 50, aunque su mantenimiento hasta ahora ha corrido a cargo del concejo municipal.

Navarra y el Escándalo monumental
Casos similares a estos son los que se denuncian en el libro Escándalo monumental, editado por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. La obra, que ya va por su segunda edición, se centra en el “expolio” que la Iglesia ha hecho gracias a esta ley sólo en la Comunidad Foral de Navarra. Los autores del libro calculan, basándose en los datos del Registro de la Propiedad, que desde 1998 la Iglesia se ha hecho con 1.086 bienes por esta vía en la comunidad, pagando un precio medio de unos 20 euros por cada bien inscrito.

Ganancias "incalculables"
En una entrevista publicada en la revista progresista Diagonal, los responsables de la plataforma aseguran que el valor de estas inmatriculaciones “es incalculable, en edificios y en arte”, y aseguran que las abultadas cifras han provocado “una gran alarma social” entre los navarros. Ahora, su objetivo es conseguir que en el resto de España también se hagan públicas las cifras de las inmatriculaciones de las que se ha beneficiado la Iglesia.

¿Y a nivel nacional?
En el caso de Navarra, fue el Ministerio de Justicia el que hizo públicos estos datos, por lo que la plataforma pide de nuevo a este departamento que publique los datos de inmatriculaciones a nivel nacional. “Cuando eso se conozca, el escándalo de nuevo será monumental, y ya no serán problemas locales de los pueblos defendiendo una ermita, una casa [parroquial] o un cementerio. Se tendrá que abordar de una vez por todas el uso torticero que está haciendo la Iglesia de la Ley Hipotecaria”, denuncian los portavoces de la plataforma Navarra.