La Responsabilidad Social Empresarial vuelve al Congreso de los Diputados
El secretario general del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, ha presentado una proposición no de ley sobre la Responsabilidad Social de las Empresas para su debate en el pleno del Congreso. En el documento se insta al Gobierno a impulsar la RSC, especialmente en las Administraciones Públicas.
El documento, presentado en el registro del Congreso de los Diputados la pasada semana, señala que la crisis económica no debe cuestionar la cultura de la responsabilidad social de las empresas, en gran parte porque la crisis económica y financiera que sufrimos ha sido provocada por la irresponsabilidad y por la imprudencia, por la búsqueda del máximo beneficio para unos pocos, en poco tiempo, haciendo insostenible el negocio mismo. Por eso muchos creemos que de esta crisis se derivará un crecimiento de la responsabilidad- sostenibilidad en el núcleo del negocio de las empresas.
Ramón Jáuregui, redactor y ponente de la proposición ante el pleno del Congreso apunta que "La crisis que sufrimos nos ha demostrado que la visión cortoplacista de la actividad empresarial y la búsqueda del máximo beneficio en el menor plazo han salido derrotados: son casi siempre causa de resultados trágicos. La apuesta por la tecnología, la innovación, el conocimiento y la formación como clave de competitividad, sale fortalecida de una crisis que golpea lo contrario. Una empresa "limpia", ecológica, sostenible, con una vitola de responsabilidad social emerge de la crisis con un plus de competitividad frente a la empresa "tóxica" e irresponsable.
" En el texto se considera que es momento de extender a la Administración Pública, a sus empresas y a las entidades que gestionan servicios públicos fundamentales, la cultura de la responsabilidad social: hospitales, universidades, empresas contratadas o subcontratadas por la ésta para la gestión de servicios públicos fundamentales, etc., deben ser ejemplo de estas prácticas y de esta cultura de la responsabilidad-sostenibilidad.
La proposición no de ley, concluye realizando una serie de recomendaciones al ejecutivo para promover la Responsabilidad social de las empresas:
1.- Impulsar una gestión socialmente responsable de las Administraciones Públicas, mediante actuaciones que favorezcan la transparencia, la cultura del trabajo que crea valor en el seno de la Administración Pública, la conciliación de la vida laboral personal y familiar de los empleados públicos, (ya recogido en nuestra regulación legal en el Plan Concilia) y la incorporación de cláusulas sociales y medio ambientales en los contratos públicos, al amparo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, (Artículos 49, 102, 134 y Disposiciones Adicionales Sexta y Séptima).
2.- Incorporar los grandes retos de la lucha contra la pobreza, objetivos del Milenio respeto a los Derechos Humanos, desde la perspectiva de las prácticas socialmente responsables, a las empresas españolas en sus actuaciones internacionales.
3.- Favorecer la inversión socialmente responsable (ISR), tanto en el sector privado como en el público y, especialmente en este último caso, propiciar la consideración de los aspectos sociales y medio ambientales.
4.- Fortalecer la cultura de un consumo responsable que ayude a hacer más partícipes a los ciudadanos como consumidores, para demandar bienes y servicios que sean producidos bajo criterios de responsabilidad social empresarial.
5.- Fomentar la transparencia empresarial mediante la incorporación a las empresas de la información que realizan a través del triple balance: económico, social y medioambiental.
6.- Potenciar el diálogo de todos los grupos de interés relacionados con la RSE, a través del Consejo Estatal.
7.- Favorecer la expansión cultural, educativa y formativa de la RSE, introduciendo contenidos del desarrollo sostenible y de la RSE, en los distintos niveles educativos.
8.- Favorecer y coordinar en su caso, las políticas autonómicas de apoyo a la RSE, entendiendo que la tarea de los gobiernos autonómicos en esta materia es particularmente idónea e importante en la expansión de la RSE a las PYME."
Texto completo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. Serie D Núm 151 de 20 de febrero de 2009
El documento, presentado en el registro del Congreso de los Diputados la pasada semana, señala que la crisis económica no debe cuestionar la cultura de la responsabilidad social de las empresas, en gran parte porque la crisis económica y financiera que sufrimos ha sido provocada por la irresponsabilidad y por la imprudencia, por la búsqueda del máximo beneficio para unos pocos, en poco tiempo, haciendo insostenible el negocio mismo. Por eso muchos creemos que de esta crisis se derivará un crecimiento de la responsabilidad- sostenibilidad en el núcleo del negocio de las empresas.
Ramón Jáuregui, redactor y ponente de la proposición ante el pleno del Congreso apunta que "La crisis que sufrimos nos ha demostrado que la visión cortoplacista de la actividad empresarial y la búsqueda del máximo beneficio en el menor plazo han salido derrotados: son casi siempre causa de resultados trágicos. La apuesta por la tecnología, la innovación, el conocimiento y la formación como clave de competitividad, sale fortalecida de una crisis que golpea lo contrario. Una empresa "limpia", ecológica, sostenible, con una vitola de responsabilidad social emerge de la crisis con un plus de competitividad frente a la empresa "tóxica" e irresponsable.
" En el texto se considera que es momento de extender a la Administración Pública, a sus empresas y a las entidades que gestionan servicios públicos fundamentales, la cultura de la responsabilidad social: hospitales, universidades, empresas contratadas o subcontratadas por la ésta para la gestión de servicios públicos fundamentales, etc., deben ser ejemplo de estas prácticas y de esta cultura de la responsabilidad-sostenibilidad.
La proposición no de ley, concluye realizando una serie de recomendaciones al ejecutivo para promover la Responsabilidad social de las empresas:
1.- Impulsar una gestión socialmente responsable de las Administraciones Públicas, mediante actuaciones que favorezcan la transparencia, la cultura del trabajo que crea valor en el seno de la Administración Pública, la conciliación de la vida laboral personal y familiar de los empleados públicos, (ya recogido en nuestra regulación legal en el Plan Concilia) y la incorporación de cláusulas sociales y medio ambientales en los contratos públicos, al amparo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, (Artículos 49, 102, 134 y Disposiciones Adicionales Sexta y Séptima). 2.- Incorporar los grandes retos de la lucha contra la pobreza, objetivos del Milenio respeto a los Derechos Humanos, desde la perspectiva de las prácticas socialmente responsables, a las empresas españolas en sus actuaciones internacionales.
3.- Favorecer la inversión socialmente responsable (ISR), tanto en el sector privado como en el público y, especialmente en este último caso, propiciar la consideración de los aspectos sociales y medio ambientales.
4.- Fortalecer la cultura de un consumo responsable que ayude a hacer más partícipes a los ciudadanos como consumidores, para demandar bienes y servicios que sean producidos bajo criterios de responsabilidad social empresarial.
5.- Fomentar la transparencia empresarial mediante la incorporación a las empresas de la información que realizan a través del triple balance: económico, social y medioambiental.
6.- Potenciar el diálogo de todos los grupos de interés relacionados con la RSE, a través del Consejo Estatal.
7.- Favorecer la expansión cultural, educativa y formativa de la RSE, introduciendo contenidos del desarrollo sostenible y de la RSE, en los distintos niveles educativos.
8.- Favorecer y coordinar en su caso, las políticas autonómicas de apoyo a la RSE, entendiendo que la tarea de los gobiernos autonómicos en esta materia es particularmente idónea e importante en la expansión de la RSE a las PYME."
Texto completo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. Serie D Núm 151 de 20 de febrero de 2009
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