El secretario de organización del PSOE, José Blanco, anunció que propondría el lunes, día 23, al PP una propuesta para luchar contra la corrupción urbanística. Estas nuevas medidas exigirían como imprescindible que los conservadores dejasen de proteger a los cargos de su partido implicados en delitos urbanísticos, paso que el PP aún no ha dado.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, Blanco había afirmado en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros que el Gobierno estaba decidido a aplicar la "tolerancia cero" con todos los cargos públicos "salpicados en algún tipo de escándalo urbanístico". Para ello, el Gobierno ha dotado de más medios a la Fiscalía Anticorrupción "y ha creado una fiscalía especial para combatir el delito medioambiental y urbanístico".
Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha rechazado la iniciativa propuesta por el PSOE, afirmando que de esa labor han de ocuparse la policía y los jueces.
Es lógica la posición del PP y consecuente con su política de oposición. No ha querido establecer el PP ningún pacto con el Gobierno, ni con el PSOE, ni siquiera el que hubiera tenido como objetivo el final de la violencia terrorista en el País Vaco, en España.
Si los Partidos políticos quieren realmente poner freno a la corrupción urbanística, no tienen necesidad de pactos sino de aplicar en su interior esos códigos éticos que proponen en los periodos electorales y después los olvidan en su aplicación.
Además de esta decisión de los propios partidos políticos, la corrupción la urbanística y otras podrían ser atajadas con más transparencia en las actuaciones de los gestores públicos y más participanción de los ciudadanos en la vida pública.
Ya volveremos sobre estos temas.
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