Así titula su comentario el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga su último comentario en su web. Y lo reproduzco en mi cuaderno de bitácora fundamentalmente por estas razones:
- es inadmisible la censura. Menos aún cuando se le pide una colaboración. Menos aún por una revista. Y menos aún por los responsables de una revista "pública", es decir, que pagamos los contribuyentes con nuestros impuestos.
- es un buen artículo. Leedlo a continuación
- visito con frecuencia la web de Juan Torres, además de haber leído algunas de sus publicaciones y sus colaboraciones en otras revistas de "la órbita socialista", y gneralmente me han resultado muy interesantes e instructivos.
Hace unos meses me pidieron un artículo sobre calidad del empleo para la Revista Empleo que edita la Consejería del mismo nombre del gobierno andaluz. Después de no haberme dicho nada me entero por casualidad de que han decidido no publicarlo. No me dan razones de calidad o rigor, de modo que tengo que deducir que los celosos guardianes de la ortodoxia gubernamental han decidido que era demasiado crítico o qué sé yo. Este es el artículo censurado. Juzguen ustedes mismos sobre lo que tenemos en Andalucía.
“Calidad del empleo en Andalucía: causas, expresiones y remedios”
Juan Torres López. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga.
En los últimos decenios se han venido produciendo cambios muy importantes en los mercados laborales que han llevado consigo efectos así mismo muy relevantes sobre las condiciones de trabajo y, en consecuencia, sobre el bienestar general de nuestras sociedades.
Los conflictos sociales y la crisis productiva de los años setenta generaron un enfrentamiento directo entre los diferentes sectores y clases sociales y entre los gobiernos y organizaciones que los representaban a la hora de ofrecer alternativas al conjunto de la sociedad.
Como es bien sabido, fueron las fuerzas más a la derecha (las que estaban detrás de la “revolución conservadora” inicialmente liderada por Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Juan Pablo II, cada uno en su respectivo ámbito de actuación) las que resultaron claramente triunfadoras. Aplicaron con dureza (y en algunos países incluso con sangre y crímenes de estado) medidas orientadas a disminuir el poder sindical, a fortalecer la dinámica del mercado y a renunciar en la mayor medida de lo posible a la intervención del estado.
En el ámbito de la política macroeconómica se cambió su orientación para pasar a privilegiar las medidas antiinflacionistas que implicaban control salarial y políticas monetarias muy restrictivas que eran las más claramente favorables a los propietarios de capital. Y, paralelamente, se renunció de facto al objetivo del pleno empleo, provocando un alza generalizada del paro, algo que en realidad se iba buscando, pues gracias al desempleo se podía disciplinar las reivindicaciones de los trabajadores y hacerlos más dóciles a la hora de aceptar las condiciones laborales cada vez más deterioradas que se les iban a imponer. El que fue ministro de economía español, Carlos Solchaga, lo reconoció claramente en su libro El final de la edad dorada (p. 183): "La reducción del desempleo, lejos de ser una estrategia de la que todos saldrían beneficiados, es una decisión que si se llevara a efecto podría acarrear perjuicios a muchos grupos de intereses y a algunos grupos de opinión pública".
La liberalización de los mercados internacionales, la desaparición de las barreras proteccionistas (salvo las que imponen frente a los países pobres las economías más ricas del mundo) y el establecimiento de un orden institucional que permite la deslocalización de las empresas para que éstas se sitúen allí donde puedan encontrar salarios o impuestos más favorables, desarmaron a las clases trabajadoras, que veían cómo sus demandas de mejores condiciones de empleo (o simplemente el mantenimiento de las que había hasta ese momento) no provocaban más respuesta que la estampida de las empresas hacia otras latitudes.
Las reformas laborales crearon el marco jurídico que ampara todos estos cambios y el individualismo y el ensimismamiento promovidos por los grandes aparatos de conformación de la mentalidad social forjaron un ambiente y un clima moral en donde cada uno tiende a buscar aisladamente solución a sus problemas laborales en lugar de encontrarla en las redes o en los grupos sociales organizados.
En ese caldo de cultivo no podía crecer sino un tipo de empleo cada vez más precario, inestable, desigualador y de bajo salario. De peor calidad.
Andalucía no ha podido ser ajena a esos cambios y por eso nuestro mercado laboral presenta también (e incluso en mayor medida que el español en su conjunto) los rasgos típicos del empleo neoliberal de baja calidad de nuestra época.
Para hacerse una idea de la situación comparativa podemos partir del porcentaje que nuestra población representa sobre el total español: el 17,4%. Un porcentaje en torno al que tendrían más o menos que estar el resto de indicadores laborales.
Pero no es así. Según los datos del Instituto de Estadística de Andalucía (febrero de 2008) nuestro peso es menor en cuanto a ocupados (15,73%) y sobre todo en ocupadas (14,61%) o en afiliados a la Seguridad Social (14,34%)
Y, por el contrario, es mucho mayor el porcentaje de parados andaluces sobre el total nacional (27,19%) puesto que nuestra tasa de paro es casi seis puntos superior a la total y ocho en el caso de las mujeres.
En Andalucía también es considerablemente más alta la temporalidad como demuestra el que un 42,6% de los asalariados tienen contrato temporal frente al 30,9% nacional.
Y aunque en Andalucía están solamente el 15,7% de los ocupados españoles, aquí se produjeron en 2007 el 19,5% de los accidentes laborales y el 16,3% de las muertes por este concepto, lo que indirectamente indica que las condiciones materiales de trabajo son aquí algo peores que en el resto de España.
Los salarios también son más bajos en Andalucía que en el conjunto nacional. Según las estadísticas tributarias que elabora el Ministerio de Hacienda, en 2006 los asalariados andaluces recibieron un salario medio equivalente al 82,86% del nacional, y al 79,78% en el caso de las mujeres. Siendo, además, nuestro mercado laboral más desigual que el nacional, que ya es de por sí el más desigual de Europa: las mujeres andaluzas tienen un salario medio equivalente al 66,49% de los hombres, frente al 69% para el conjunto nacional.
Una buena muestra de la peor situación salarial en Andalucía es que aquí se encuentra el 24,79% de los trabajadores españoles que ganan menos de la mitad del salario mínimo o alrededor del 21% de los “mileuristas” españoles, según las mencionadas estadísticas tributarias.
Es significativo, por ejemplo, que, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (2005), el porcentaje de personas que hayan cambiado de trabajo en el último años por finalización del contrato sea mayor en Andalucía (29,7%) que en el conjunto nacional (26,8%) y menor el que lo hizo para conseguir un empleo más adecuado (31,7% frente al 38,9%). Incluso se deduce que son peores las condiciones de conciliación entre la vida laboral y personal si se tiene en cuenta que por razones de cuidado de hijos o matrimonio cambiaron las condiciones de trabajo en Andalucía el 1,5% de las personas y el 0,9% en España en su conjunto.
Esta baja calidad en el empleo, provocada por las razones apuntadas, es mayor en Andalucía que en el conjunto español por dos razones principales y me parece que evidentes aunque a veces no se quiera reconocer: porque veníamos de una peor situación relativa desde hace decenios, y porque la economía andaluza se ha consolidado como un enclave periférico respecto al entorno global en los últimos tiempos.
Pero siendo aquí peor la situación, no puede pensarse que sea exclusiva de nuestra tierra.
Como se deduce de lo que he expuesto más arriba, la baja calidad del empleo es un problema global que se está generando como resultado de la muy desigual pauta de distribución de los frutos del crecimiento económico (extraordinariamente favorable al capital) que se ha consolidado en los últimos años.
Por eso, y guste o no decirlo, para luchar contra la precariedad y para lograr que el empleo fuese de mayor calidad sería preciso que se modifique la actual correlación de fuerzas en los mercados y que los gobiernos representativos tuvieran voluntad y posibilidades de hacer frente al poder hoy día incuestionable de las grandes empresas. Y para ello no hay otra manera de actuar que no sea a escala global puesto que ningún país podría defenderse sin provocar una huída masiva de los capitales a otros espacios.
Pero eso no quiere decir que a los andaluces no nos quede más que esperar a que vengan mejores tiempos y condiciones globales más equitativas. Todo lo contrario. Incluso para evitar que la situación pueda ir deteriorándose, es imprescindible que Andalucía luche contra corriente, principalmente, huyendo de los modelos de crecimiento empobrecedores basados en la producción de bienes y servicios de bajo valor añadido, en la especulación y en la sobreexplotación del medio físico y que la obligan a competir solo mediante salarios bajos.
El gran reto de futuro para Andalucía no puede ser el de mantenerse en la cola de las economías más ricas tratando de avanzar posiciones más o menos a buen ritmo porque las más poderosas y potentes lo son gracias precisamente a que existen periferias como la andaluza.
Andalucía no debe tratar de correr más, sino que debería elegir otro ritmo y tomar otro camino: el que da la vuelta al imperativo empobrecedor que durante siglos han impuestos las clases dirigentes rentistas y evasoras para avanzar por la vía del talento social, de la equidad y de la innovación continuada. Desgraciadamente, a Andalucía no le basta con ni le conviene dejarse llevar por la corriente de la modernización al uso en el planeta porque, siendo como es una periferia y dado su atrasado punto de partida, esa inercia la mantendría siempre comparativa y decisivamente alejada de las vanguardias productivas y comerciales, y confinada a un papel relegado entre las economías de su entorno.
Por eso no nos ha convenido la oleada de liberalizaciones, la concentración de los mercados que ha hecho más dependientes a nuestras empresas e industrias, la reducción salarial que ha estrechado los mercados internos, el debilitamiento del gasto público que nos resulta más necesario que a otras comunidades y, en general, la sujeción a los criterios neoliberales de la política económica que han sido concebidos para favorecer a los más fuertes, entre los que no nos encontramos.
Frente a todo ello, Andalucía ha de forjar un camino propio, como también es verdad que en buena medida (aunque no en toda la que hubiera sido precisa) se ha intentado desde que goza de autonomía.
Eso obliga, en definitiva, a ponerse enfrente de las tendencias dominantes también de las preferencias de los más privilegiados. Por eso es lógico que esas estrategias tengan tan grandes reticencias entre los sectores más poderosos. Y por ello es imprescindible que, como requisito previo e imprescindible, se haya de hacer un esfuerzo especial para concitar consensos y para lograr la fuerza social suficiente que permita ir cambiando la lógica que guía el desarrollo económico y la ética que lo impulsa. Porque, en última instancia, es de ello de lo que depende lo que luego ocurra en los mercados y muy especialmente en el laboral.
El empleo en actividades relacionadas con el medio ambiente en España representa ya el 2,62% de la población ocupada con un total de 530.947 puestos de trabajo. Esto supone un incremento del 235% con respecto a las cifras de 1998. Y un sector ha vivido un boom especialmente notable, el de las energías renovables que ha multiplicado por 30 en la última década el número de empleos generados hasta dar trabajo en la actualidad a 109.000 personas.
El empleo en actividades relacionadas con el medio ambiente en España representa ya el 2,62% de la población ocupada con un total de 530.947 puestos de trabajo. Esto supone un incremento del 235% con respecto a las cifras de 1998. Y un sector ha vivido un boom especialmente notable, el de las energías renovables que ha multiplicado por 30 en la última década el número de empleos generados hasta dar trabajo en la actualidad a 109.000 personas.
