Sigamos con el tema de las pensiones y la edad de jubilación. Es de todos bien conocido cómo los señores diputados se aprobaron en junio del 2006 una serie de medidas que les garantizaban el cobro de la pensión de jubilación máxima tan sólo con acumular siete años en el Congreso, además de unas cuantiosas indemnizaciones con sustento en la Ley de incompatibilidad, que dicho sea de paso, los Sres parlamentarios, “se pasan por el arco del triunfo” con suma facilidad y con la salvedad de poder acumular más de una prestación pública por el mero hecho de ser políticos.
Sin contar casos de absentismo, duplicidades en comisiones y partidas de salarios astronómicas, creo que se puede tachar de indecente que el propio poder legislativo plantee una reforma en pensiones, ampliación de la edad de jubilación o una rebaja en en las prestaciones sin barrer primero su casa. Es una indecencia para el resto de trabajadores y contribuyentes que los políticos legislen prebendas para ellos y mermas para el resto.
Por un mero hecho de justicia social, la primera gran reforma que tiene que acometer el parlamento es equiparar las condiciones y características de la jubilación de los políticos y altos cargos de la administración a la de cualquier otro trabajador y a partir de ahí podremos seguir hablando en igualdad de condiciones.
¿Cómo se presiona para que se lleve a cabo esta medida? Pues no lo sé, pero en Facebook, hay un grupo que pasa de los 300.000 suscriptores con un nombre muy indicativo: Va a trabajar tu puta madre hasta los 67 años con lo cual, animo a alguien que sepa montar grupos de este estilo para que los señores diputados también tengan constancia que queremos que ellos se equiparen las pensiones al igual que tienen todos los trabajadores, con cero privilegios por el mero hecho de ser políticos. De ahí a las 500.000 firmas reales para solicitar la tramitación de una Ley hay un paso.
Por último, no podemos pasar por alto las palabras de Pepe Blanco, que afirma que está dispuesto a revisar el régimen de pensiones de diputados y senadores. No, no es que esté dispuesto, es una obligación moral hacer hacerlo para poder afrontar con garantías de igualdad y equidad social las serias reformas que se avecinan sobre los sistemas públicos de previsión social.
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