Me hago la pregunta que el profesor Tamayo, director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid, se hace hoy en El País: ¿Es el Gobierno rehén de la jerarquía católica?. Y coincido con él en su análisis de la situación y en la respuesta que da al interrogante: "Tras estas actuaciones, ya no tengo ninguna duda: efectivamente, el Gobierno fue -y sigue siendo- rehén de la Iglesia católica. Cuanto más se manifestaban y gritaban las huestes episcopales en los espacios públicos -nuevos púlpitos del integrismo católico-, más privilegios recibían del Gobierno. Y todo ello en contra de los principios de laicidad, igualdad y no discriminación, y ante la incomprensión de los propios militantes socialistas y de no pocos creyentes de las distintas religiones. El PSOE renunciaba a su tradición laica y se lanzaba por la pendiente de las alianzas con la Iglesia católica, en detrimento de la laicidad del Estado. Y sin nada a cambio."
Ya en un comentario anterior en este mi blog me manifestaba partidario que si se quería avanzar en la laicidad que la Constitución Española establece debería no sólo revisarse la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa sino que debería empezarse con la denuncia y revisión de los Acuerdos firmados entre el Estado Español y el Estado del Vatica en 1979.
El profesor Tamayo apunta también en otra dirección: "La profundización en la laicidad debe comenzar por la revisión del artículo 16.3 de la Constitución, que incurre en una clara contradicción al afirmar, en su primera parte, que "ninguna confesión tendrá carácter estatal" y, en la segunda, que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas". Es, por tanto, el propio texto constitucional el que está en el origen del trato de favor a la Iglesia católica y de la discriminación de las demás confesiones religiosas, y el que constituye el primer obstáculo para avanzar en la laicidad del Estado y de sus instituciones. Ésa es la raíz del problema. Y por ahí hay que empezar la reforma. De lo contrario, todo quedaría en un simple revoque de fachada".
¿Revisar la Constitución en cuanto este principio de la laicidad del Estado español? ¿Denunciar los Acuerdos con el Vaticano? ¿Proponer una nueva legislación que vaya más allá de la libertad religiosa, que establezca los principios de una radical libertad de conciencia? A pesar de las "piadosas" declaraciones de la Vicepresidencia del Gobierno en su comparecencia en la Comisión Constitucional para anunciar las reformas a emprender por el Gobierno y concretamente la revisión de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, algunos hechos parece ser que van a ir en la dirección de "mantener la situación" de la legislatura precedente. El Gobierno parece sentirse rehén de la jerarquía católica y miedoso. Es lo que parece traslucirse de la respuesta del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hoy en el Congreso de los Diputados a una iniciativa de los grupos de izquierda para que no aparezcan símbolos religiosas en las ceremonias civiles: También en contra de la iniciativa de IU y de ICV se ha expresado el secretario general del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui. Tras señalar que no es necesario modificar el protocolo, Jáuregui se ha centrado en destacar que "no hay ninguna referencia a una señal o a un símbolo religioso" en el decreto que regula estas ceremonias. Al igual que hizo horas antes el portavoz socialista, José Antonio Alonso, Jáuregui ha rechazado que el PSOE promueva hacer leyes que "obliguen" a quitar los símbolos religiosos de las ceremonias de toma de posesión. Ha abogado por "no producir tensiones o rupturas innecesarias", ya que no hacen falta leyes "prohibicionistas", y por dejar que la laicidad avance al ritmo que establece la "convicción colectiva".
Ya en un comentario anterior en este mi blog me manifestaba partidario que si se quería avanzar en la laicidad que la Constitución Española establece debería no sólo revisarse la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa sino que debería empezarse con la denuncia y revisión de los Acuerdos firmados entre el Estado Español y el Estado del Vatica en 1979.
El profesor Tamayo apunta también en otra dirección: "La profundización en la laicidad debe comenzar por la revisión del artículo 16.3 de la Constitución, que incurre en una clara contradicción al afirmar, en su primera parte, que "ninguna confesión tendrá carácter estatal" y, en la segunda, que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas". Es, por tanto, el propio texto constitucional el que está en el origen del trato de favor a la Iglesia católica y de la discriminación de las demás confesiones religiosas, y el que constituye el primer obstáculo para avanzar en la laicidad del Estado y de sus instituciones. Ésa es la raíz del problema. Y por ahí hay que empezar la reforma. De lo contrario, todo quedaría en un simple revoque de fachada".
¿Revisar la Constitución en cuanto este principio de la laicidad del Estado español? ¿Denunciar los Acuerdos con el Vaticano? ¿Proponer una nueva legislación que vaya más allá de la libertad religiosa, que establezca los principios de una radical libertad de conciencia? A pesar de las "piadosas" declaraciones de la Vicepresidencia del Gobierno en su comparecencia en la Comisión Constitucional para anunciar las reformas a emprender por el Gobierno y concretamente la revisión de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, algunos hechos parece ser que van a ir en la dirección de "mantener la situación" de la legislatura precedente. El Gobierno parece sentirse rehén de la jerarquía católica y miedoso. Es lo que parece traslucirse de la respuesta del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hoy en el Congreso de los Diputados a una iniciativa de los grupos de izquierda para que no aparezcan símbolos religiosas en las ceremonias civiles: También en contra de la iniciativa de IU y de ICV se ha expresado el secretario general del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui. Tras señalar que no es necesario modificar el protocolo, Jáuregui se ha centrado en destacar que "no hay ninguna referencia a una señal o a un símbolo religioso" en el decreto que regula estas ceremonias. Al igual que hizo horas antes el portavoz socialista, José Antonio Alonso, Jáuregui ha rechazado que el PSOE promueva hacer leyes que "obliguen" a quitar los símbolos religiosos de las ceremonias de toma de posesión. Ha abogado por "no producir tensiones o rupturas innecesarias", ya que no hacen falta leyes "prohibicionistas", y por dejar que la laicidad avance al ritmo que establece la "convicción colectiva".
1 comentario:
Siempre he pensado que la izquierda debe conservar como parte de su esencia el laicismo y su caracter anticlerical.
Es una falta, además, de estrategia seguir pensando que alguna vez seremos "perdonados".
Un abrazo,
Paco Piniella
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