Y ahora seguimos pagándoles de nuestros escasos salarios, con nuestros impuestos.
El senador por Cantabria Luis Bárcenas, así como el diputado por Segovia Jesús Merino, abandonaron el 8 de abril el partido de Rajoy, pero no sus escaños. Siguen siendo miembros del Grupo Parlamentario Popular con todo su sueldo y honores. Su calidad de aforados les garantiza, además, una alfombra roja ante la puerta del Tribunal Supremo en lugar de la gatera por la que acceden a la Justicia el resto de ciudadanos. El paraguas del PP en el Parlamento los permite percibir cada mes 3.126 euros brutos que se suman a una asignación neta de 1.823 por su condición de parlamentarios de circunscripciones distintas a Madrid. Bárcenas y Merino siguen recibiendo así dinero de las arcas públicas 4.000 euros netos mensuales y dos pagas extras, independientemente de su imputación por varios delitos de corrupción, entre los que figura el fraude fiscal.
Según documentos incorporados al sumario del caso Gürtel, el ex tesorero Bárcenas ocultó 1.330.000 euros recibidos en sobornos y el diputado Merino se embolsó 8,44 millones de euros por asesorar a una docena de empresas que optaban a contratos públicos en Castilla y León, comunidad de la que fue vicepresidente hasta 1999.
En una situación similar a la de los dos representantes del PP en las Cortes Generales se encuentran los tres diputados que, manchados también por la corrupción, dejaron en el grupo conservador en la Asamblea de Madrid, pero tampoco su escaño. Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch no obedecen desde octubre de 2009 las órdenes de Esperanza Aguirre, pero eso no impide que perciban del Parlamento regional 3.808 euros mensuales en 14 pagas. El partido de Rajoy y Aguirre los acomodó en su escaño, mullido gracias a los tributos públicos, sin que haya impedido legalmente no puede que estos actores principales de la trama Gürtel dejen de lucrarse gracias al dinero de todos.
Su relación con Hacienda no se rige sin embargo por el principio de la simetría. Un informe de la Agencia Tributaria calcula en más de 430.000 euros el dinero que los tres imputados madrileños deben al fisco por el dinero que recibieron de la trama, casi un millón de euros. Caprichos del calendario, el grueso del sumario del caso se hizo público al día siguiente de abrirse la campaña de la Renta.
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