Andalucía, 30 de octubre de 2007-
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| La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro. |
La futura ley consolidará un amplio abanico de programas en los ámbitos de la educación, la vivienda, el empleo, la sanidad y la atención social. Además, de acuerdo con el nuevo Estatuto de Autonomía, incluirá el reconocimiento del derecho a la Renta básica, prestación económica directa dirigida a garantizar unos ingresos mínimos para las familias más desfavorecidas.
La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, indicó tras la reunión del Consejo de Gobierno que las iniciativas públicas que se plasmarán en la ley son básicamente las que la Junta ha venido desarrollando desde 2003 en el marco del I Plan Andaluz para la Inclusión Social, con una inversión cercana a los 3.000 millones de euros en proyectos de fomento del empleo, vivienda, educación, inserción social, asistencia jurídica y ayudas económicas directas para los colectivos con mayor riesgo de marginación.
Dentro de este conjunto de medidas, y en el ámbito de la educación, el anteproyecto otorga especial prioridad al alumnado con necesidades especiales derivadas de discapacidades, integración tardía en el sistema educativo español y otras condiciones sociales o culturales desfavorables. En esta línea, recoge el desarrollo de planes para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
En materia de salud, el texto destaca la atención a las personas con problemas de drogodependencias y de salud mental sin apoyo social y familiar, mientras que en el área del empleo se incluyen itinerarios personalizados de inserción laboral, ofertas de prácticas profesionales para demandantes de primer trabajo y promoción de proyectos emprendedores de personas en riesgo de exclusión. Para facilitar el acceso a la vivienda, la futura ley consolidará la política de reservas en las promociones públicas de alquiler destinadas a unidades familiares en situaciones de desigualdad social y económica.
En el ámbito de la atención social, el anteproyecto pone el énfasis en el desarrollo de programas para erradicar la discriminación y marginación de minorías étnicas, alojamiento temporal y medidas de incorporación social de personas sin hogar, planes individualizados para las familias con mayores en situación de exclusión social y prioridad en el acceso a las guarderías infantiles para los menores de tres años que sufren circunstancias sociofamiliares de riesgo.
Renta Básica
La Ley de Inclusión Social establecerá como derecho la denominada Renta básica, una prestación económica que la Administración autonómica viene concediendo bajo distintas fórmulas desde 1991 para garantizar unas condiciones de vida digna a las familias beneficiarias, en el marco de un proceso de integración social. En este sentido, su percepción está condicionada al cumplimiento de un convenio de inserción con medidas educativas, formativas, sanitarias, laborales, sociales y de vivienda.
De acuerdo con el anteproyecto, la Renta básica podrá concederse a las personas titulares de familias con ingresos mensuales inferiores al 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 374 euros, que sean mayores de 18 años y estén empadronadas en Andalucía al menos con 24 meses de antelación a la solicitud. La prestación, revisada periódicamente, se incrementa un 8% por cada miembro de la unidad familiar distinto de la persona solicitante hasta una cuantía máxima equivalente al 100% del IPREM.
La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social explicó que la Renta básica supone una mejora sobre el actual Salario social, ya que si éste es el 62% del Salario Mínimo Interprofesional, aquélla supone el 75%.
Micaela Navarro también explicó que la renta básica no va a ser una prestación aislada, sino "un paquete de medidas de inclusión social, porque hay situaciones que no se solucionan sólo con una ayuda económica". Entre otros datos, la consejera añadió que Andalucía es la comunidad con más perceptores de salario social, por detrás de El País Vasco. "En 2006 los perceptores de esta ayuda en la comunidad autónoma fueron 17.574, lo que supuso un gasto de 36 millones de euros", señaló.
Finalmente, el anteproyecto otorga una especial relevancia a la colaboración con las corporaciones locales, como responsables de los servicios sociales comunitarios. Esta colaboración se reforzará con la creación del Consejo Andaluz de la Inclusión Social, órgano consultivo y de participación en el que, además de los ayuntamientos y la Junta, también estarán representados los agentes sociales y las organizaciones de voluntariado que trabajan en este campo.
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