Carta de DERECHOS DEL USUARIO DE TELECOMUNICACIONES

El Consejo de Ministros ha aprobado la Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones, que añade 20 nuevos derechos a los ya existentes y presta especial atención a la información al consumidor.
Entre las novedades de la normativa, María Teresa Fernández de la Vega ha destacado que la Carta establece que "los usuarios tendrán derecho a ser indemnizados por las interrupciones que sufran en el servicio".
Además, la Carta reduce de quince a dos días el plazo que el operador tiene para dar de baja a un cliente, y establece que los usuarios puedan disolver el contrato cuando las condiciones del servicio hayan sido modificadas por el operador. Asimismo, prohíbe publicitar velocidades de acceso a Internet superiores a las que permite la tecnología utilizada.
La Vicepresidenta ha asegurado que, con la aprobación de la Carta, "España se sitúa a la vanguardia" de los países europeos en la protección de los ciudadanos en el ámbito de los servicios de comunicaciones electrónicas.

Derecho al voto de los inmigrantes. Declaración de SOS Racismo

SIN RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL VOTO NO HAY VERDADERA DEMOCRACIA.-

Federación SOS Racismo. (22/04/08)

Ante las diferentes y contradictorias declaraciones sobre el reconocimiento del derecho al voto para las personas inmigrantes extracomunitarias por parte del nuevo Gobierno estatal, así como ante la reciente iniciativa de ICV de entregar de nuevo la Proposición no de ley (PNL) para avanzar en este reconocimiento al Secretario General del PSOE, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del estado español quiere aportar sus reflexiones, así como demandas:• Las palabras del Ministro Corbacho, es verdad que no se apoyan en ninguna medida o iniciativa concreta de su partido ni del anterior gobierno. Ni su antecesor hizo nada al respecto para trabajar el tema, ni tan solo para abrir el debate, de avanzar en el reconocimiento del derecho al voto. Ni tampoco el anterior Gobierno hizo ningún paso adelante, más bien al contrario, al echar marcha atrás ante la PNL (proposición no de ley) presentada conjuntamente en un primer momento con IU-ICV. El partido socialista no incluyó ninguna propuesta en este sentido en su programa electoral a pesar de que parte de sus dirigentes en más de una ocasión se han mostrado a favor. No ha sido un tema prioritario para el PSOE.
• No por ello una declaración de este tipo debería caer en el olvido dentro del gobierno del PSOE, o catalogarse como una simple declaración atribuida a la inexperiencia del ministro. Por ello las declaraciones del Sr. José Blanco como máximo portavoz del gobierno son una muestra del poco interés que en realidad suscita en el gobierno los temas que significan avanzar en la real integración de las personas inmigradas. El actual gobierno como el anterior, utiliza e incluso abusa en sus discursos y propuestas del término “nuevos/as ciudadanos/as” para referirse a las personas inmigradas, pero en cambio no ha avanzado ni un ápice en el reconocimiento de estas como tales. El derecho al voto significa y simboliza este reconocimiento por parte del Estado.
• La única política prevista, a parte del desgaste del término ciudadanía parece ser el anuncio del comienzo de una reflexión sobre el tema. Desde SOS Racismo exigimos pasar de las buenas palabras a los hechos y la realidad impone la necesidad de pasar del debate a las iniciativas concretas. Debemos superar el concepto de ciudadanía vinculado a la nacionalidad y vincular la ciudadanía a la residencia. La sociedad y sus políticos no pueden seguir postergando este debate político que reclama la convivencia y la construcción de un espacio común y de verdadera política pública que incluya a todos los ciudadanos y ciudadanas, sea cual sea su nacionalidad.
• Rebajar a la categoría de reflexión cualquier paso en el reconocimiento del derecho al voto tal como sugiere el Sr. Blanco, es como admitir que no preocupa el déficit democrático que vivimos, es relativizar que unos dos millones de personas se han visto excluidas de poder decidir a sus gobernantes, es obviar que precisamente el aumento de población ha llevado a aumentar el número de representantes políticos en muchos territorios cuando estos habitantes no son admitidos después en el juego democrático. Si queremos vivir en una democracia real, debemos actuar.
• Desde SOS Racismo saludamos la propuesta de ICV. Aún así consideramos que la propuesta realizada es tímida y no avanza realmente en desligar la ciudadanía de la nacionalidad. El reconocimiento de este derecho no puede verse condicionado a la negociación con terceros países creando situaciones de discriminación por origen entre ciudadanos. Las iniciativas en este ámbito deben ser más valientes y apostar por una reforma de la Constitución Española que reconozca ese derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas extra comunitarias/os. Desde la Federación de Asociaciones de SOS Racismo, recordamos de nuevo que el reconocimiento del derecho al voto va más allá de avanzar en la justicia social hacia la población inmigrante, ya que implica trabajar por una democracia inclusiva. Este gobierno debe por responsabilidad y porque la realidad social así lo requiere proponer y trabajar iniciativas que avancen en este reconocimiento de los derechos políticos para todas las personas que viven y trabajan en el territorio.

Impuestos y libertad

"El argumento de que la libertad depende de los impuestos es tan elemental, que uno podría abrigar cierta esperanza de que al menos alguna versión del mismo sea generalmente aceptada. No es que el punto sea sorprendente; lo verdaderamente sorprendente es que existan argumentos en contra." (Cass Sunstein, 1999)

Con esta cita de Cass Sunstein, profesor en la Universidad de Chicago y prestigioso constitucionalista norteamericano; uno de los más conspicuos defensores en los últimos lustros de una concepción iusrepublicana de la vida política; crítico interesante de la filosofía política académica de impronta liberal y un devastador polemista anticonservador, comienza Daniel Raventós su muy interesantes artículo con el título de "Impuestos en el Reino de España: quién gana y quién pierde" publicado en la revista Sin Permiso del mes de diciembre.

Recomiendo por su indudable interés la lectura del texto íntegro, en estos momentos en que los dos partidos con posibilidades de ganar las elecciones y, por tanto, gobernar el país, se han lanzado a una desenfrenada carrera de promesas de rebaja de impuestos.

También recomiendo la lectura de la entrevista que le hiceron al profesor Cass Sunstein en el número del mes de mayor de esta revista Sin Permiso.

Reclamo la atención sobre esta pregunta que le hacen al profesor y la respuesta que hace:

Estamos en temporada de cobro de impuestos, y muchos norteamericanos deben estar gruñendo al completar su declaración de renta. Sin embargo, en su nuevo libro, The Cost of Rights, usted advierte que tal vez no debiéramos estar tan enojados.

Bueno, no es que tengamos que celebrar el monto de los impuestos; lo que sí debemos celebrar es el hecho de que existan. Sin impuestos no podemos tener libertad y seguridad contra la violencia. Lejos de ser una obstrucción a la libertad, son una condición necesaria de su existencia. (El subrayado es mío)

Y sobre esta otra pregunta y respuesta:

¿Ustedes piensan que su libro cambiará la manera en que la gente juzga los impuestos?

El argumento de que la libertad depende de los impuestos es tan elemental que uno puede abrigar cierta esperanza de que al menos alguna versión del mismo sea aceptada. No es que el punto sea sorprendente; lo verdaderamente sorprendente es que existan argumentos en contra. Ninguna persona puede decir que es antigobierno. Esto sería ridículo, salvo que uno sea un anarquista. Existen argumentos de buena fe para reclamar tasas impositivas más bajas, una mayor protección de la propiedad a la par que una menor protección de la seguridad social, o derechos que sean más eficientes en términos de costo-beneficio. Pero no existen razones para decir que deberíamos confiar en los mercados en vez de en el gobierno, como lo demuestra el ejemplo ruso.

Los que nos reclamamos de izquierdas, progresistas, deberíamos tener muy en cuenta estas observaciones.

Reconocimiento de la renta básica como derecho

El Gobierno andaluz otorgará el máximo rango legal a sus medidas contra la Exclusión y la Pobreza

El Consejo inicia los trámites del anteproyecto de Ley de Inclusión Social, que incluye el reconocimiento de la Renta básica como derecho

Andalucía, 30 de octubre de 2007-

La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro.

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites del anteproyecto de la Ley de Inclusión Social en Andalucía, norma que otorgará el máximo rango legal a todas las medidas que la Administración autonómica lleva a cabo para erradicar las situaciones de marginación y pobreza.

La futura ley consolidará un amplio abanico de programas en los ámbitos de la educación, la vivienda, el empleo, la sanidad y la atención social. Además, de acuerdo con el nuevo Estatuto de Autonomía, incluirá el reconocimiento del derecho a la Renta básica, prestación económica directa dirigida a garantizar unos ingresos mínimos para las familias más desfavorecidas.

La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, indicó tras la reunión del Consejo de Gobierno que las iniciativas públicas que se plasmarán en la ley son básicamente las que la Junta ha venido desarrollando desde 2003 en el marco del I Plan Andaluz para la Inclusión Social, con una inversión cercana a los 3.000 millones de euros en proyectos de fomento del empleo, vivienda, educación, inserción social, asistencia jurídica y ayudas económicas directas para los colectivos con mayor riesgo de marginación.

Dentro de este conjunto de medidas, y en el ámbito de la educación, el anteproyecto otorga especial prioridad al alumnado con necesidades especiales derivadas de discapacidades, integración tardía en el sistema educativo español y otras condiciones sociales o culturales desfavorables. En esta línea, recoge el desarrollo de planes para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.

En materia de salud, el texto destaca la atención a las personas con problemas de drogodependencias y de salud mental sin apoyo social y familiar, mientras que en el área del empleo se incluyen itinerarios personalizados de inserción laboral, ofertas de prácticas profesionales para demandantes de primer trabajo y promoción de proyectos emprendedores de personas en riesgo de exclusión. Para facilitar el acceso a la vivienda, la futura ley consolidará la política de reservas en las promociones públicas de alquiler destinadas a unidades familiares en situaciones de desigualdad social y económica.

En el ámbito de la atención social, el anteproyecto pone el énfasis en el desarrollo de programas para erradicar la discriminación y marginación de minorías étnicas, alojamiento temporal y medidas de incorporación social de personas sin hogar, planes individualizados para las familias con mayores en situación de exclusión social y prioridad en el acceso a las guarderías infantiles para los menores de tres años que sufren circunstancias sociofamiliares de riesgo.

Renta Básica

La Ley de Inclusión Social establecerá como derecho la denominada Renta básica, una prestación económica que la Administración autonómica viene concediendo bajo distintas fórmulas desde 1991 para garantizar unas condiciones de vida digna a las familias beneficiarias, en el marco de un proceso de integración social. En este sentido, su percepción está condicionada al cumplimiento de un convenio de inserción con medidas educativas, formativas, sanitarias, laborales, sociales y de vivienda.

De acuerdo con el anteproyecto, la Renta básica podrá concederse a las personas titulares de familias con ingresos mensuales inferiores al 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 374 euros, que sean mayores de 18 años y estén empadronadas en Andalucía al menos con 24 meses de antelación a la solicitud. La prestación, revisada periódicamente, se incrementa un 8% por cada miembro de la unidad familiar distinto de la persona solicitante hasta una cuantía máxima equivalente al 100% del IPREM.

La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social explicó que la Renta básica supone una mejora sobre el actual Salario social, ya que si éste es el 62% del Salario Mínimo Interprofesional, aquélla supone el 75%.

Micaela Navarro también explicó que la renta básica no va a ser una prestación aislada, sino "un paquete de medidas de inclusión social, porque hay situaciones que no se solucionan sólo con una ayuda económica". Entre otros datos, la consejera añadió que Andalucía es la comunidad con más perceptores de salario social, por detrás de El País Vasco. "En 2006 los perceptores de esta ayuda en la comunidad autónoma fueron 17.574, lo que supuso un gasto de 36 millones de euros", señaló.

Finalmente, el anteproyecto otorga una especial relevancia a la colaboración con las corporaciones locales, como responsables de los servicios sociales comunitarios. Esta colaboración se reforzará con la creación del Consejo Andaluz de la Inclusión Social, órgano consultivo y de participación en el que, además de los ayuntamientos y la Junta, también estarán representados los agentes sociales y las organizaciones de voluntariado que trabajan en este campo.

¡Por fin la vivienda a debate!

Poco a poco, insistentemente, sin desistir, el gravísimo problema de la vivienda entra en el debate público y se hace central. Hubo un amago cuando las elecciones municipales pero fracasó porque el PP en aquellos momentos imponía su agenda y a pesar de ser un asunto muy municipal, aunque no exclusivo, fueron otros asuntos: la lucha contra le terrorismo, el debate autonómico, etc. los que se impusieron. Ahora sin embargo, el Presidente Zapatero, con el nombramiento de una nueva responsable en el Ministerio de la Vivienda ¡por fin! ha hecho que el asunto de la vivienda entre en la agenda política y se haga central.

Por poner un ejemplo hoy salen en los medios de comunicación unas informaciones muy interesantes:

1. El Ayuntamiento estudia gravar los pisos vacíos con una subida del IBI a sus dueños.
Hacienda admite que hay que desarrollar antes la ley para definir qué y cuándo se considera una casa desocupada. Es lo que anuncia La Voz de Cádiz.

Aunque esto me huele sólo como un brindis a la galería por parte del Gobierno Municipal de la ciudad de Cádiz, perteneciente al PP. Pero si la oposición política, social, vecinal, empuja, el asunto puede avanzar. Es lo que viene haciendo ya el Ayuntamiento de Sevilla y los Gobiernos del País Vasco y de la Generalitat de Catalunya.

2. Una segunda información aparece en Público: Los ayuntamientos catalanes perseguirán el 'mobbing' inmobiliario. Los ayuntamientos catalanes o, en su defecto, la Generalitat, tendrán potestad para perseguir y sancionar a los propietarios que practiquen mobbing inmobiliario o que promuevan la sobreocupación de una vivienda. La Ley del Derecho a la Vivienda, que la comisión parlamentaria aprobará mañana, se propone erradicar estas actividades con multas de hasta 900.000 euros.

3. En Cataluña se ha firmado el Plan Nacional de la Vivienda. En su blog Chesi informa de los contenidos de este Plan y de la Ley del Derecho a la Vivienda. Chesi siempre escribe cosas muy interesantes en su bitácora. Es especialmente de interés sus comentarios relacionados con la vivienda.

4. Por mi parte he escrito el siguiente comentario en un periódico: Por fin el Ayuntamiento de Cádiz mueve ficha ante el gravísimo problema de la vivienda en Cádiz. En los últimos años la ciudad ha perdido más de 20.000 habitantes. Sin duda han emigrado de la ciudad en busca de trabajo y en busca de vivienda, las dos carencias más graves de esta ciudad.

En esta ciudad el problema de la vivienda reviste algunas características especiales:

1. Afecta a miles de familias y desde muy antiguo.

2. Son muchos los ciudadanos que se ven imposibilitados a acceder a una vivienda a pesar de que hay cientos, miles de viviendas desocupadas durante todo el año o buena parte de él. Son los pisos de los "visitantes", de los no-residentes. Son pisos desocupados

3. Hay cientos, miles de viviendas en malísiimas condiciones, son las infraviviendas. Con bajos alquileres y de personas mayores que son atemorizadas para que los abandonen.

4. Por Puertatierra los pisos y los alquileres son altísimos.

5.Tres de cada cuatro viviendas que se alquilan en la provincia de Cádiz, (¿cuántas en la capital?) según estudios de la Hacienda Pública eluden el pago al fisco.

6. Como consecuencia miles de gaditanos/as han emigrado. Han sido principalmente las parejas jóvenes.

7. La población de la ciudad se ha envejecido.

8. La ciudad se ha empobrecido y como su población no se renueva, no rejuvenece, sino que envejece más y más, el empobrecimiento económico, social, cultural irá a más.

Habrá que recordar también que la Junta de Andalucía como en Cataluña y como en el País Vasco anda detrás de un pacto por la vivienda y por aprobar en la próxima legislatura una Ley del Derecho de Acceso a la Vivenda, en cumplimiento de lo preceptuado en el nuevo Estatuto de Andalucía recién aprobado.

Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Artículo 25. Vivienda.

Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a
una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos
están obligados a la promoción pública de la vivienda. La
ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad,
así como las ayudas que lo faciliten.

En la reunión del Consejo de Gobierno del pasado 4 de septiembre se acordó "iniciar los trámites del anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, norma que regulará el derecho constitucional de los andaluces a una vivienda digna, de calidad y adecuada a su situación familiar, económica y social".

Se está pues en la situación de afrontar este asunto e intentar soluciones.