Los Estados latinoamericanos tienen la tendencia a continuar la tradición de revolver las políticas públicas con una moral de inspiración eclesiástica. Así, el Estado supedita a la ética religiosa la legitimidad de sus determinaciones, favoreciendo con ello el poder de la Iglesia y a los sectores sociales que le son fieles, pero eludiendo su obligación de gobernar en beneficio colectivo a ciudadanos diversos. Esta intervención implica sesgar a favor del poder de la Iglesia políticas públicas de educación, salud reproductiva, regímenes de convivencia, libertad de expresión, para mencionar los más obvios. Este sesgo atenta contra las libertades ciudadanas. El Estado laico tiene el deber de afirmar la libertad de conciencia como elemento fundamental de respeto a la diversidad social.
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Siendo que Guatemala es un Estado laico, la discusión pública sobre las virtudes o defectos de la ley y su reglamento deben alejarse de consideraciones religiosas, morales o éticas. Finalmente debe quedar claro que los guatemaltecos gozamos de la libertad de creer o no en los dogmas de la Iglesia, de compartir sus valores o de adoptar su ética. También debe quedar claro que las políticas públicas en torno a la salud reproductiva son obligación del Estado y deben dictarse con criterios científicos que atiendan al beneficio colectivo. Proveer información, educación y brindar acceso a métodos anticonceptivos para quienes opten libremente por planificar su familia parece razonable, sobre todo cuando consideramos que Guatemala tiene una de las densidades y tasa de crecimiento de población más altas de Latinoamérica y que ello solamente ha incidido en subrayar nuestra pobreza.
Si cuando hay referencia a los países latinoamericanos se incluye a España o se sustituye Guatemala por España, tendremos una reflexión muy oportuno sobre la laicidad del Estado español que la Constitución Española establece como orientación, como objetivo, como exigencia.
