El Supremo rechaza la demanda de la Junta de Andalucía contra el Estado por tabaquismo
El tribunal desestima la petición de reintegrar los gastos sanitarios de 135 personas víctimas del tabaco por, entre otras razones, una "defectuosa articulación" jurídica
EFE - Madrid - 05/11/2009
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la petición realizada por la Junta de Andalucía para que el Estado, así como seis empresas tabaqueras, reintegraran los gastos sanitarios de 135 personas víctimas del abuso del tabaco, entre otras razones, por una "defectuosa articulación" jurídica.
En concreto, el TS desestima un recurso de casación de la Junta de Andalucía contra la decisión de la Audiencia Nacional de no admitir la demanda de la administración autonómica. Señala el fallo del Supremo que los preceptos invocados por la Junta como vulnerados son "ornamentales" y no entra a calificar el contenido de la demanda contra el Estado presentada por el Ejecutivo andaluz en septiembre de 2007 ante la Audiencia Nacional.
La Junta presentó inicialmente una demanda contra varias empresas tabaqueras, en el año 2001, la primera de este tipo en Europa, que después amplió contra la Administración central, propietaria de Tabacalera hasta 1998. Las compañías demandadas eran British American Tobacco, CITA, Altadis-Tabacalera, Tobacco Canary Island, Philips Morris y J.T. International, principales distribuidores de tabaco en España, y a las que el Ejecutivo andaluz pedía 1,77 millones de euros.
La reclamación se basaba en un artículo del Código Civil sobre responsabilidad objetiva, que indica que aquel que se enriquezca produciendo daño a un tercero debe pagar por el perjuicio. El objetivo del proceso era conseguir que se declarara la relación causa-efecto entre el consumo de tabaco y el desarrollo de determinadas patologías, fundamentalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el infarto de miocardio y el cáncer de pulmón. El proceso se inició en 2000, después de que quien era entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunciara en su discurso de investidura una querella contra las tabaqueras si no asumían los gastos generados por el tabaquismo en la comunidad, que cifró en más de 360 millones de euros.
Las tabaqueras rechazaron tal reclamación, por lo que la Junta autorizó que sus servicios jurídicos interpusieran una demanda civil. En febrero de 2004, el Ejecutivo regional incluyó a la Administración General del Estado en la demanda, después de que el Juzgado de Instrucción número 68 de Madrid le obligara para poder continuar con el proceso como antigua propietaria de Tabacalera o, en caso contrario, proceder a su archivo definitivo.
Plan actuación de la Junta contra el tabaquismo
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