UGT contra el FRAUDE FISCAL

UGT demanda más medios y más recursos contra el fraude fiscal

Reducirlo en 10 puntos permitiría mejorar la financiación pública y las prestaciones sociales


UGT considera necesario, dentro del planteamiento de una reforma fiscal integral, modificar los sistemas de control del fraude, potenciar los recursos materiales y humanos de las distintas administraciones tributarias y lograr una organización más eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. Si España redujera 10 puntos el fraude fiscal para aproximarlo a los valores de la UE se podrían realizar importantes proyectos de inversión para situarnos a los niveles de otros países europeos.

Según un informe realizado por UGT sobre la fiscalidad en España, todos los análisis destacan un elevado nivel de fraude, que evoluciona de modo creciente, y que la gestión realizada por la Agencia Tributaria es, con su actual organización y medios, notoriamente insuficiente para dar solución al problema.
Aunque no existen datos oficiales, diferentes estudios sitúan la economía sumergida en España entorno al 23% del PIB. Esto supone, según un informe realizado por GESTHA, que más de 240.000 millones de euros escapan del pago de impuestos. Y se estima que si se redujera el fraude del 23% al 13% del PIB, media de los países de nuestro entorno, se podrían obtener unos ingresos adicionales por año de 38.000 millones de euros, 25.000 de los cuales corresponden a impuestos y 13.000 a la seguridad social. Este importe superaría, tan sólo en un año, a lo ingresado por la AEAT en los últimos ocho años en la lucha contra el fraude.

Para UGT, reducir el fraude fiscal mejoraría significativamente la financiación de nuestras Administraciones Públicas y de las prestaciones sociales. Para ello hay que tener en cuenta que:

· El 80% de lo que se recauda por IRPF proviene de las rentas del trabajo, sometidas todas ellas a retención y donde resulta imposible deducir gastos, mientras que por las actividades económicas generadas por los empresarios y profesionales apenas llegar al 8%, rentas muchas veces sin retención y donde es factible deducir gastos.
· Las empresas por módulos pueden generar facturas falsas, de modo que al empresario emisor de la factura no obtiene más ingresos, mientras que el receptor de dicha factura sí tiene un gasto en el IRPF o una cuota deducible en el IVA. Estas modalidades de fraude fiscal llevan aparejado un fraude en la concesión de determinadas ayudas públicas ligadas a las rentas declaradas.
· La clara insuficiencia del personal encargado del control de la actuación fiscal de las grandes empresas y del resto de declarantes; según datos disponibles, 30.000 grandes empresas que facturan más de 6 millones de euros están supervisadas por 95 funcionarios; además, el censo de obligados a declarar abarca a más de 17 millones de declarantes de IRPF, 3.350.000 empresarios y profesionales, 2.300.000 sociedades y 1.800.000 de otros entes jurídicos, y apenas hay 1.600 inspectores, de los cuales casi un 50% son cargos directivos y no hacen gestión directa.

Para el sindicato es, entre otras medidas, necesario:

· Desarrollar una importante labor de conciencia social para romper con el criterio generalizado de que los que más defraudan están impunes y que no es eficaz la lucha contra el fraude.
· Realizar un análisis profundo de la economía sumergida en España, y del fraude fiscal y laboral, con el objetivo de conocer cuál es la situación real para poder diseñar y adoptar las medidas oportunas.
· Coordinar las distintas administraciones tributarias para lograr un mayor y mejor conocimiento de los contribuyentes, de manera que se logre una mayor eficacia en la gestión de los tributos por parte de las administraciones públicas.