Con este nuevo planteamiento las menores de 16 y 17 años ya no podrían ejercer libremente su derecho y precisaría del acompañamiento de un adulto.
Se trata de un paso atrás que desoye las consideración de los principales instrumentos internacionales sobre reconocimiento de los derechos de los menores que priman, ante todo, el interés superior de los menores en las decisiones que les afectan y, por supuesto, establece su criterio como preferente. Dar este paso atrás, significa también mantener la incoherencia respecto al propio código civil que permite el matrimonio entre menores emancipados a partir de los 16 años e incluso a los 14, con dispensa judicial.
¿Pero por qué este paso atrás?
La Vicepresidenta Fernández de la Vega siempre se ha manifestado en favor del reconocimiento del mayor número de derechos para el mayor número de personas. Los diputados y diputadas progresistas están dispuestos a luchar por una Ley que incremente los derechos de las mujeres y garantice una mayor seguridad jurídica. Un paso atrás por parte del Gobierno en este momento podría ser un grave error.
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